Extradición México Irlanda Things To Know Before You Buy
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La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
9. ¿Puede una persona ser extraditada desde México si ya ha sido juzgada y condenada por el mismo delito en México?
4. Una persona condenada y sentenciada por un delito no será extraditada a menos que haya sido sentenciada a pena privativa de libertad u otra forma de detención por un periodo de seis meses o mayor a éste, y en el caso de Belice, con sujeción al Artworkículo 8, por la pena de muerte. ArtworkÍCULO 3
two. Cuando el delito se haya cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la Parte requerida concederá la extradición si:
Coincidimos con la autora, en que la vía más idónea que tienen los Estados para lograr el efectivo ejercicio de su facultad y deber de castigar a los responsables de haber delinquido en su territorio, pero que han logrado evadir a la justicia community, es mediante la intervención de la figura de la extradición como forma solidaria y cooperativa de la lucha internacional por evitar la impunidad del crimen.
¿Cómo afecta la falta de tratados de extradición a la lucha contra la delincuencia transnacional?
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan this contact form coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el Check This Out caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.
Que en los archivos de esta Secretaría obra uno de los dos originales del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad de México el día veintinueve del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto y forma en español son los siguientes: PREÁMBULO
Las relaciones bilaterales entre los dos países se han caracterizado por su respeto, amistad y franqueza. Se han ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de los gobiernos de los dos países.
La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser this contact form víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.
Las autoridades del Estado requerido detienen a la persona reclamada e inicia el procedimiento de extradición con una autoridad judicial. Durante esta etapa, el reclamado contará con una defensa adecuada que lo asistirá en el procedimiento de extradición, por lo que en ocasiones el proceso puede ser prolongado, y es muy importante la comunicación entre las autoridades mexicanas con las del Estado requerido para soportar la solicitud de extradición.